Gibraltar: una cuesti�n colonial en Andaluc�a
ANDALUCIA LIBRE - 07.06.2002 21:21
"�A quien pertenece leg�timamente Gibraltar?". �A los llanitos?. �A Gran Breta�a?. �Al Estado espa�ol?. �A Andaluc�a?. Por encima del curso actual de las negociaciones hispano-brit�nicas sobre el destino del Pe��n y de los diferentes pron�sticos sobre sus resultados, responder adecuadamente a esta pregunta es esencial
Gibraltar: G�nesis y naturaleza de una cuesti�n colonial en Andaluc�a
"�A quien pertenece leg�timamente Gibraltar?". �A los llanitos?. �A Gran Breta�a?. �Al Estado espa�ol?. �A Andaluc�a?. Por encima del curso actual de las negociaciones hispano-brit�nicas sobre el destino del Pe��n y de los diferentes pron�sticos sobre sus resultados, responder adecuadamente a esta pregunta es esencial para entender los acontecimientos y sobre todo para fijar una posici�n coherente cara al futuro. Hacerlo requiere realizar un repaso sobre la g�nesis, desarrollo y naturaleza de la presencia colonial brit�nica en Andaluc�a y su relaci�n con la dominaci�n espa�ola sobre nuestra naci�n.
Gibraltar fue tomado en 1704 durante la llamada Guerra de Sucesi�n por una escuadra angloholandesa al servicio del pretendiente Habsburgo. Cuatro mil andaluces residentes en el Pe��n hubieron de abandonarlo a ra�z de su conquista, instal�ndose en villas vecinas del Campo de Gibraltar, en lo que en un principio creyeron una mudanza temporal. Setenta antiguos vecinos continuaron viviendo en Gibraltar bajo el nuevo poder; a los que se sumaron otros afines a este bando e inmigrantes genoveses y hebreos marroqu�es, atra�dos por las necesidades de servicio de la nueva guarnici�n de la Plaza. Llegada la hora del Tratado de Paz de Utrecht (1713) el pujante imperialismo brit�nico obtuvo de la Monarqu�a espa�ola la cesi�n de la propiedad del castillo y la ciudad de Gibraltar, sin jurisdicci�n ni soberan�a y sin comunicaci�n terrestre con su entorno, a cambio del reconocimiento brit�nico de la dinast�a Borb�n en el trono espa�ol. Como es obvio, en este trato entre las coronas brit�nica y espa�ola ni participaron ni fueron consultados en absoluto los habitantes originarios del Pe��n ni el resto de los andaluces.
Con todo, las leyes civiles anteriores a la presencia colonial brit�nica siguieron vigentes hasta varias d�cadas despu�s y como contraprestaci�n al permiso de residir en la Colonia fue practica habitual durante a�os que, al objeto de evitar deserciones de soldados brit�nicos, el anillo exterior de puestos de guardia de la Colonia estuviera servido por milicianos andaluces, residentes en el Pe��n.
Gran Breta�a obten�a una base militar para controlar el estrecho -un eslab�n en su cadena de enclaves necesarios para asegurar su hegemon�a mar�tima mundial- desde la que, adem�s, pod�a permanentemente amenazar directamente a la declinante Monarqu�a espa�ola. Los brit�nicos resistieron con �xito los intentos militares de la Monarqu�a espa�ola por recuperar el Pe��n en 1725 y 1779. M�s a�n, ante la mirada entre impotente y c�mplice del Estado espa�ol, el colonialismo brit�nico consigui� a lo largo del siglo XIX ampliar irregular y fraudulentamente el territorio de la colonia, usurpando por la v�a de los hechos sucesivos trozos del istmo en 1809, 1814, 1829 y 1859 hasta apropiarse del territorio donde hoy se encuentra su aeropuerto, construido en 1938 en plena Guerra civil. Previamente, en 1909, los brit�nicos levantaban la Verja al objeto de consolidar sus anexiones territoriales y facilitar su control de la raya fronteriza. En varias ocasiones (a principios del siglo XIX y en 1883; nuevamente en los primeros a�os del siglo XX y en las postrimer�as de la I Guerra Mundial) militares, marinos y diplom�ticos brit�nicos estudiaron con detenimiento la posibilidad de ofrecer la permuta de la colonia de Gibraltar por la colonia espa�ola de Ceuta (sola o con Melilla), descartando finalmente el cambio por los problemas diplom�ticos que conllevar�a con Francia.
Colonialismo sobre Andaluc�a.
A la misi�n inicial prioritariamente militar encomendada a Gibraltar, pronto hubo de sum�rsele otra mercantil y econ�mica, aunque su poblaci�n al terminar el siglo XVIII no superaba las 3.000 personas, buena parte de ellas andaluzas. Gibraltar pas� a convertirse durante la primera mitad del siglo XIX en la base principal de entrada del capitalismo imperialista brit�nico en Andaluc�a, merced al contrabando masivo. Mientras que las exportaciones legales brit�nicas a todo el Estado espa�ol rondaban, por ejemplo en 1828, las 300.000 libras anuales, Gibraltar -entonces ya con unos 12.000 habitantes- importaba el solo m�s de un mill�n. Estas mercader�as -textiles de algod�n, lana e hilo y tabaco, entre otras- estaban destinadas a traspasar ilegalmente la frontera e inundar el mercado andaluz, eliminando con su competencia a las nacientes industrias andaluzas; con el visto bueno de Londres, naturalmente. La incapacidad del Estado espa�ol y sus prioridades pol�ticas y econ�micas, facilitaban por su parte -a trav�s de la miseria y el mantenimiento de la estructura latifundista que corro�a Andaluc�a- las precondiciones sociales que hac�an posible la extensi�n del contrabando y la participaci�n en sus redes de distribuci�n. El contrabando desde Gibraltar contribuyo decisivamente a la capitulaci�n espa�ola ante el librecambismo, manteni�ndose activo y pujante como una constante de la vida colonial, incluso cuando se alteraban las directrices de la pol�tica aduanera fijada por Madrid.
Pol�ticamente, si bien las circunstancias hist�ricas no hicieron necesaria su utilizaci�n, como en el caso de otros enclaves coloniales, Gibraltar fue durante toda esta �poca una cabeza de puente estable fijada en territorio andaluz, preparada para servir como plataforma desde la que defender al Estado espa�ol que proteg�a las cuantiosas inversiones e intereses brit�nicos en Andaluc�a (s�lo hay que recordar, por ejemplo, a R�o Tinto).
La poblaci�n colonial sufr�a en este periodo un doble proceso. Si por una parte su volatilidad natural y el impacto de las sucesivas epidemias, forzaba repetidamente a los brit�nicos a promover nuevas instalaciones provenientes de Italia, Marruecos o Malta, de otra, el impacto del hecho colonial sobre la comarca y el conjunto de Andaluc�a atra�a progresivamente m�s andaluces a la zona y a la Colonia en b�squeda de sustento. Este proceso acabar�a dando lugar al nacimiento de La L�nea como suburbio obrero de Gibraltar, al otro lado de la raya. A�n cuando el mando militar brit�nico -omnipotente en la Colonia- mantuvo buen cuidado en dificultar al m�ximo la residencia de andaluces en el Pe��n, sus reiterados intentos de favorecer el establecimiento permanente de ingleses en la Roca -considerados m�s fiables y leales a la Corona que la abigarrada inmigraci�n mediterr�nea, demasiado propensa a fundirse con los andaluces en todos los sentidos- tuvieron escasos resultados. De hecho, la cultura dominante en la colonia segu�a siendo la andaluza y el castellano hablado en andaluz su lengua habitual; hechos favorecidos por la constante y renovada mezcla entre aut�ctonos e inmigrantes mediterr�neos. El ingles hubo de esperar a 1830 para -al hilo de la declaraci�n de Gibraltar como Colonia de la Corona- ser establecido formalmente como lengua oficial; a�n as�, el gobernador brit�nico tuvo que mantener hasta 1868 la prohibici�n estricta de editar un diario en castellano en Gibraltar. Como en otras colonias del tipo enclave, fue una orientaci�n estable del poder colonial brit�nico establecer una diferenciaci�n de estatus entre unos y otros gibraltare�os y entre estos y los brit�nicos y aislar y diferenciar en todo lo que estuviera en su mano a la colonia de su entorno nacional natural. A ello se encaminaron las sucesivas normas de residencia dictadas en 1873, 1885 y 1962 que prohib�an la pernoctaci�n en Gibraltar de quienes -incluso habiendo nacido en la colonia y a�n cuando trabajaran en el Pe��n- no dispon�an de la consideraci�n colonial de gibraltare�os.
A�n as� -y mientras la econom�a de Gibraltar sumaba al contrabando orientado a Andaluc�a, el comercio mediterr�neo y luego al servicio de la flota brit�nica, especialmente tras la puesta en funcionamiento del arsenal en 1894- la fuerza de la realidad volv�a a imponerse sobre las necesidades de seguridad y legitimaci�n colonial. Si de una parte el poder colonial brit�nico dificultaba el establecimiento de andaluces en la colonia, no pod�a impedir que, por causas y razones obviamente muy distintas, tanto la burgues�a del Pe��n como buena parte de su clase trabajadora mudara su vivienda habitual al otro lado de la raya, acudiendo a la colonia s�lo a trabajar. Si unos invert�an sus capitales en fincas y empresas y quer�an disfrutar de sus beneficios, superando la claustrofobia de una plaza sometida a estricto control militar; los otros obten�an un cobijo especialmente dif�cil de obtener en la colonia dadas sus reducidas dimensiones y su insuficiente caser�o. El propio Parlamento brit�nico, todav�a en 1889, se hac�a eco de esta situaci�n concluyendo que ante una eventual evacuaci�n de la poblaci�n civil gibraltare�a en caso de guerra "la mejor soluci�n, de lejos, ser�a trasladarla al Campo de Gibraltar, no s�lo por su cercan�a, sino porque ´se hallar�a entre unos habitantes de id�ntica religi�n, idioma y costumbres´"
Entretanto, el Estado espa�ol -cliente a su vez del imperialismo brit�nico- se limitaba a beneficiarse de las migajas de la relaci�n colonial, a trav�s de las divisas ingresadas por los trabajadores andaluces en el Pe��n que sosten�an la econom�a de la colonia cruzando cada d�a la raya; adelantando lo que luego -cuando la gran emigraci�n andaluza de los sesenta a Europa- ser�a un fen�meno general, esencial para financiar el desarrollo econ�mico espa�ol, sin que los sufrimientos de estos andaluces revirtieran en beneficios palpables para su pa�s. La dependencia de la colonia de la fuerza de trabajo andaluza se hizo evidente en 1940, durante la II Guerra Mundial, cuando los brit�nicos decidieron evacuar a Gran Breta�a y a sus colonias antillanas a toda la poblaci�n con status gibraltare�o, residieran tanto a uno como al otro lado de la verja, lo que dej� en manos de estos trabajadores andaluces el sostenimiento de los servicios a la base y a la guarnici�n.
Tras el conflicto e iniciada la guerra fr�a, Gibraltar encontr� nuevos ingresos como base militar al servicio de la OTAN, complementaria de las pronto instaladas en otros puntos del territorio andaluz merced a los acuerdos entre el r�gimen franquista espa�ol y EEUU. Gibraltar, junto a Rota, Mor�n y durante a�os San Pablo en Sevilla, form� la red de presencia militar imperialista en Andaluc�a. Con todo, el contrabando continuaba siendo durante todo este periodo un recurso clave para la colonia: baste decir que a�n durante la primera mitad de los a�os sesenta, Gibraltar importaba anualmente m�s tabaco americano que todo el Estado espa�ol junto y m�s del doble que la Rep�blica Federal de Alemania. Durante este periodo, los trabajadores andaluces deb�an soportar simult�neamente, de una parte, no s�lo la ausencia de derechos en la colonia (una parte de su salario era pagado habitualmente en especie, con mercader�as destinadas a venderse a este lado de la verja) sino que adem�s estaban obligados a dedicar parte de sus ingresos a contribuir forzosamente a las arcas del sindicato vertical franquista, sufriendo constantes vejaciones y teniendo que sobrevivir aglomerados en una ciudad de La L�nea despojada de los m�s elementales servicios p�blicos. S�lo la miseria reinante en la Andaluc�a bajo soberan�a espa�ola puede explicar la trashumancia cotidiana en estas condiciones al lado brit�nico de la Verja.
El Colonialismo en el Pe��n y los mecanismos coloniales brit�nicos.
Afirmar que en el Gibraltar brit�nico siempre ha habido "democracia y libertad" -como dicen ahora algunos defensores del estatus colonial- significa desconocer la propia historia del Pe��n. Durante la inmensa mayor�a del periodo colonial lo que hubo all� fue el dominio absoluto del poder brit�nico (situaci�n interior coherente con la naturaleza militar de la Plaza). El City Council (Ayuntamiento) s�lo fue instaurado en 1922, con cuatro electos por cinco miembros designados por el Gobernador brit�nico. Hubo que esperarse a 1945 para que el City Council tuviera mayor�a de miembros electos y a�n as� el Poder ejecutivo sigui� en manos del Gobernador brit�nico de hecho hasta que Londres considero oportuno en 1969 otorgar a Gibraltar su carta constitucional, manteni�ndose -no obstante- el grueso de las cuestiones b�sicas bajo directa supervisi�n brit�nica. Esa carta otorgada recoge en su pre�mbulo, dos compromisos pol�ticos brit�nicos bien medidos y que conviene rescatar: 1�. Gibraltar forma parte de los dominios de Su Graciosa Majestad brit�nica y as� seguir� hasta que la correspondiente Ley del Parlamento brit�nico establezca otra cosa; 2�. El Gobierno de Su Graciosa Majestad afirma que los ciudadanos de Gibraltar no pasaran a estar bajo la soberan�a de otro Estado sin contar con sus deseos. Resulta llamativo que incluso en ese momento Londres se prevenga contra cualquier futura contingencia, dej�ndose abiertas diversas v�as. En el mismo momento que aparentemente fija una posici�n que va a ser constantemente recordada e interpretada como una garant�a de supeditaci�n de Gran Breta�a a la opini�n gibraltare�a, Londres establece una disociaci�n entre el territorio de Gibraltar -cuyo estatus puede modificarse por una Ley del Parlamento brit�nico, por ejemplo, para ser devuelto en aplicaci�n del Art. X del Tratado de Utrecht- y el estatus de su poblaci�n, a la que asegura que seguir� siendo brit�nica en tanto lo desee.
Recordar estos hechos, por supuesto, no significa atenuar en absoluto el car�cter desp�tico de la Monarqu�a espa�ola o el represivo y criminal del fascismo franquista o incluso olvidar que el Pe��n sirviera de refugio a represaliados pol�ticos del otro lado (siempre en la cantidad y seg�n las conveniencias de los brit�nicos). Que a la poblaci�n residente en Gibraltar -entre 1714 y 1945, como m�nimo- no le importara mucho vivir bajo esas condiciones pol�ticas descritas era absolutamente l�gico dadas las motivaciones de esa residencia y especialmente dado que, por entonces, era algo meridianamente claro para todos que Gibraltar era propiedad brit�nica y que los que hab�an accedido al estatus de gibraltare�os reconocidos por el poder colonial bastante ten�an con vivir y sobrevivir a su amparo. La democratizaci�n progresiva y limitada del r�gimen colonial del pe��n no es previa sino posterior a las reclamaciones en la ONU y a las resoluciones consecuentes y -al igual que en el caso de Ceuta y Melilla- lleg� en el momento hist�rico y con las condiciones que le eran convenientes a la potencia colonial respectiva
De hecho, es notorio que los brit�nicos durante la mayor parte de su dominio sobre la Roca consideraron que lo fundamental de Gibraltar era l�gicamente su condici�n de base militar brit�nica y que la poblaci�n gibraltare�a era un a�adido accesorio al hecho colonial, que se justificaba s�lo en tanto en cuanto sirviera al sostenimiento de la base. De ah� que, administrativamente, una vez declarada colonia y tras pasar de depender de la oficina de guerra a la de colonias, incluyeran rutinariamente a Gibraltar entre sus territorios de ultramar, lo que luego dar�a lugar a su inclusi�n en la lista de territorios no aut�nomos de la ONU. S�lo una vez que el Estado espa�ol convirtiera el asunto de Gibraltar en un elemento de autolegitimaci�n interna y trasladara la cuesti�n a la ONU, el imperialismo brit�nico comenz� a caer en la cuenta de la conveniencia de destacar a esos anteriormente ignorados y despreciados gibraltare�os, como pantalla tras la que defender el mantenimiento del hecho colonial. Consecuentemente, a�n cuando dentro de la Roca no se hab�a manifestado todav�a la menor reivindicaci�n pol�tica y era ampliamente dominante el conformismo con el estatus colonial, Gran Breta�a pas� a principios de la d�cada de los sesenta con toda desenvoltura de justificar su presencia en el Pe��n por su derecho hist�rico de conquista a argumentarla como un servicio pretendidamente desinteresado a la preservaci�n de unos presuntos "derechos gibraltare�os", anteriormente ignotos, auspiciando y fomentando su protagonismo. Paralelamente, en 1964 y sin ning�n escr�pulo, Gran Breta�a se anexiona formalmente el Istmo, ya ocupado. Al respecto, un Informe confidencial del Foreign Office, elaborado en 1971 y desclasificado recientemente, reconoce que "hasta 1922, los gibraltare�os s�lo controlaban los asuntos municipales y no aspiraban a ejercer otras responsabilidades, que, gustosamente, dejaban en manos brit�nicas. Pero en 1950, al igual que hicimos con la Educaci�n, le concedimos a esta diminuta fortaleza unas instituciones copiadas de las nuestras, a pesar de que el entonces primer ministro laborista [Clement Attlee] defend�a que ser�a mucho m�s realista mantener el modelo municipal (...). En la d�cada de los 60 aceleramos ese proceso con la vana esperanza de impresionar a las Naciones Unidas, otorgando a los gibraltare�os una Constituci�n que les viene grande varias tallas, lo que les anim� a comportarse de forma arrogante y poco realista". En el Pe��n por entonces lo �nico que estaba suficientemente claro era que, comparativamente, no hab�a color entre permanecer bajo la prospera soberan�a colonial brit�nica -aun sobrellevando discriminaciones en relaci�n a la ciudadan�a de la metr�poli- o pasar a la m�sera y represiva condici�n de la Andaluc�a bajo soberan�a espa�ola, conocida directisimamente por toda la poblaci�n con estatus gibraltare�o, sea por lazos familiares, por residencia o por beneficiarse de ella a trav�s de sus m�ltiples negocios. La situaci�n pol�tica y social a ambos lados de la Verja favorec�a que este proyecto brit�nico de reformulaci�n del pacto colonial encontrara eco y sost�n entre la poblaci�n radicada en el Pe��n. As� es como, en resumen, se pasa del lado brit�nico sin soluci�n de continuidad de la internacionalmente impresentable reivindicaci�n explicita de mantenimiento indefinido de la situaci�n colonial a la apropiaci�n formal de un derecho como el de autodeterminaci�n, previsto y destinado para situaciones de otra naturaleza (en el caso de la ONU, para realidades coloniales y no colonialistas y en el de los principios de la izquierda, tambi�n para situaciones de opresi�n nacional) como mecanismo oportunista para perpetuar precisamente esa situaci�n colonial.
El colonialismo brit�nico, por otra parte, ya ten�a sobrada experiencia hist�rica en generar escenarios que, una vez convenientemente prefigurados, pudieran justificar su continuidad bajo nuevas fachadas argum�ntales falsamente democr�ticas. As� hab�a dise�ado -por ejemplo- a principios de la d�cada de los a�os veinte, una Irlanda del Norte mayoritariamente unionista, escindiendo la regi�n hist�rica irlandesa del Ulster, para asegurarse una mayor�a pro brit�nica que le permitiera mantenerse directamente en una parte de Irlanda y condicionar pol�ticamente el desarrollo del resto y que todav�a en marzo de 1973 le permit�a organizar un refer�ndum en el Norte (boicoteado por republicanos y nacionalistas) para relegitimar la opci�n unionista pro brit�nica. Previamente, en 1965, s�lo el nuevo contexto internacional le hab�a impedido validar semejantes procedimientos en la Rodesia racista, no reconociendo formalmente su independencia unilateral tras el pretendido ejercicio de la autodeterminaci�n por los colonos blancos, pero toler�ndola de hecho. Con el mismo m�todo, el imperialismo brit�nico organizaba en 1967 un refer�ndum en el Pe��n -limitado a los ciudadanos con estatus gibraltare�o y que obviamente no inclu�a en la consulta siquiera a los andaluces con pasaporte espa�ol que trabajaban desde hace decenios en el Pe��n- destinado a apoyar su presencia en la Roca. Esta maniobra brit�nica provocaba la aprobaci�n en la ONU de la Resoluci�n 2.353 (XXII) de 8 de enero de 1968 (con 73 votos a favor -de Am�rica Latina, �frica, pa�ses �rabes y del Este-, 19 en contra -Gran Breta�a y la Commonwealth- y 27 abstenciones -EEUU y Europa occidental-), en la que la ONU, tras considerar "que toda situaci�n colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pa�s es incompatible con los prop�sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y espec�ficamente con el p�rrafo 6 de la resoluci�n 1514 (XV) de la Asamblea General" denunciaba la operaci�n brit�nica declarando que "la celebraci�n por la Potencia administradora del refer�ndum de 10 de septiembre de 1967 contraviene las disposiciones de la resoluci�n 2231 (XXI) de la Asamblea General y las de la resoluci�n aprobada el 1� de septiembre de 1967 por el Comit� Especial encargado de examinar la situaci�n con respecto a la aplicaci�n de la Declaraci�n sobre la concesi�n de la independencia a los pa�ses y pueblos coloniales".
No habr�a que esperar mucho para ver de nuevo en acci�n el cinismo del discurso colonial brit�nico en casos similares al de Gibraltar. Simult�neamente a estos hechos desde 1965 -y mientras Londres se llenaba la boca de autodeterminaciones en Gibraltar- se dedicaba, primero, a separar arbitrariamente al archipi�lago �ndico de Chagos de su colonia de Isla Mauricio; luego, en 1966, alquilaba por 50 a�os su isla mayor de Diego Garc�a a los EEUU para que construyeran all� una gran base aeronaval, sin consulta alguna ni a sus habitantes ni a los del conjunto de su colonia de Mauricio. M�s a�n, entre 1969 y 1970, Gran Breta�a se dedicaba a deportar a toda la poblaci�n aut�ctona chagosiana, forz�ndola a emigrar a Mauricio y las Seychelles, imponiendo sobre el episodio un tel�n de silencio con la colaboraci�n de la gran prensa internacional. No satisfecho con este despojo, el colonialismo brit�nico -y sus socios yanquis- se dedicar�a durante a�os a afirmar falsamente que Diego Garc�a "estaba deshabitada" hasta la instalaci�n de la base militar angloyanqui. Est� claro que el tan diferente trato a chagosianos y gibraltare�os s�lo mostraba la tradicional hipocres�a imperialista y c�mo Londres manten�a la costumbre de s�lo recordar presuntos derechos cuando estos coincid�an con sus intereses.
En el caso de las Islas Malvinas, los brit�nicos pasaron a su vez, de sustentarse en el derecho de conquista (1936) a la referencia a los deseos de los colonos malvinenses al estilo gibraltare�o (1964) para luego, a partir de 1966 y especialmente de finales de 1968, acordar con la Argentina una transferencia de soberan�a aplazada hasta 1978, opci�n de la que se arrepentir�an; transform�ndola primero en una oferta de Co-Soberan�a (1974) y posteriormente de Arrendamiento temporal argentino a Gran Breta�a (1980), para terminar, en 1981, retornando a la posici�n de 1964, al hilo del avance en las prospecciones de los yacimientos de la zona y en el conocimiento de sus recursos; postura consolidada tras la derrota de la dictadura argentina en la guerra angloargentina de 1982. Precisamente en ese a�o, comenzaban tambi�n las negociaciones sobre Hong-Kong entre Gran Breta�a y la Republica Popular de China que culminar�an en 1985; acord�ndose la retrocesi�n de la colonia (Isla y Nuevos Territorios) a la soberan�a china en 1997, sin que Londres se atreviera siquiera a plantear la posibilidad de consultar al respecto de ninguna manera a la poblaci�n china hongkonesa. Prueba adicional de esta duplicidad brit�nica se puede encontrar en el ya citado Informe del Foreign Office relativo a Gibraltar cuando explica que "Durante las conversaciones celebradas en Londres en 1966 ofrecimos a Espa�a la vuelta de Gibraltar al modelo municipal, y Espa�a no se opuso a ello. La ruptura de las conversaciones nos liber� de mantener esa oferta, pero ello no nos obligaba a hacer justamente lo contrario, como fue la convocatoria del refer�ndum en 1967 y la aprobaci�n de la Constituci�n gibraltare�a en 1969 (...). En realidad, las nuevas instituciones pol�ticas representan poco m�s que un estuco decorativo y podr�an ser reconstruidas siguiendo el modelo municipal, sin causar por ello un gran da�o a la estructura de la sociedad gibraltare�a (...)."
Evoluci�n del contencioso (1967-2001).
La reivindicaci�n sobre Gibraltar formaba parte esencial de la demagogia espa�olista del franquismo y le serv�a adem�s como coartada y cobertura para intentar encubrir su enfeudamiento y dependencia del imperialismo.
A partir de 1966, comenzaron a ponerse en vigor algunas restricciones al trafico a�reo brit�nico desde la Colonia que estaba obligado por las dimensiones del Pe��n a sobrevolar espacio a�reo espa�ol. La posici�n del r�gimen espa�ol era reclamar la devoluci�n -rechazando expresamente cualquier co/soberan�a- a cambio de mantener la base militar brit�nica y diversas ofertas econ�micas. Tras la concesi�n por Gran Breta�a de la Constituci�n interna a Gibraltar en mayo de 1969, el Estado espa�ol retir� a primeros de junio los permisos de trabajo a los cerca de cinco mil andaluces que todav�a cruzaban cotidianamente la verja para trabajar en Gibraltar y a finales de ese mismo mes la cerr� y suspendi� el ferry que un�a Gibraltar con Algeciras. El 1 de octubre de 1969 cort� las comunicaciones telef�nicas y telegr�ficas.
El cierre espa�ol separ� a familias andaluzas con miembros a ambos lados de la Verja y llev� al campo de Gibraltar a una profunda crisis econ�mica porque si bien la Colonia subsist�a parasitando su entorno, no por ello dejaba de provocar a la vez, ante la ausencia de otros recursos de subsistencia, una honda dependencia entre su comarca y su cabecera colonial. La decisi�n tomada en Madrid dej� sin alternativas laborales a miles de andaluces, forzando una nueva oleada emigratoria, en tanto las promesas de desarrollo compensatorio quedaban en casi nada, como por otra parte ocurr�a tambi�n en el resto de Andaluc�a. Dentro de la Colonia, la mano de obra andaluza con pasaporte espa�ol fue sustituida por inmigrantes marroqu�es y la econom�a fue sustentada desde Londres a partir del servicio a la flota brit�nica.
Entre 1977 y 1982, sucesivos Gobiernos espa�oles se plantearon la reapertura de la verja a cambio de la simple promesa brit�nica de estudiar todos los aspectos del contencioso. Hasta principios de 1982 el Gobierno brit�nico no acept� el principio de reciprocidad para los andaluces con pasaporte espa�ol en la Colonia en cuanto a sus derechos a poder pernoctar en el Pe��n y a la igualdad en materias de empleo, salarios, seguridad social y derecho a formar parte de sindicatos. Gran Breta�a amenaz� con vetar la entrada del Estado espa�ol en la Uni�n Europea y el Gobierno espa�ol se pleg�, reanud�ndose el trafico peatonal en la raya a finales de 1982 y el total sin restricciones en 1985. Pese a lo que superficialmente pudiera haber sido previsible, tanto la entrada del Estado espa�ol en la UE como en la OTAN s�lo afectaron a la situaci�n colonial en cuanto que la consolidaron, ya que los intereses esenciales del Estado y la burgues�a espa�olas por su incorporaci�n subordinada a ambos organismos primaron -seg�n las previsiones de Londres- sobre cualquier demanda previa, sacrific�ndose tambi�n en este asunto los intereses andaluces. El Gobierno espa�ol del PSOE se limit� a condicionar en Bruselas las directivas comunitarias (como la del transporte a�reo) que pudieran implicar alg�n reconocimiento formal del hecho colonial. Como consecuencia de ello y para evitarse molestias y gastos innecesarios, Gran Breta�a recuperaba en 1987 su vieja oferta de veinte a�os atr�s de doble terminal conjunta en el aeropuerto gibraltare�o que terminar�a finalmente inaplicada por el bloqueo y oposici�n del Gobierno colonial, prioritariamente preocupado por preservar el status-quo colonial a cuyo amparo se produc�an en la colonia cambios econ�micos y sociales significativos. En 1991, el Gobierno espa�ol de Felipe Gonz�lez planteaba -sin eco alguno- la oferta de co-soberan�a, lo que supon�a reconocer un evidente retroceso, tras la impotencia demostrada por influir sobre la posici�n brit�nica. Siguiendo esta t�nica, el Gobierno espa�ol del PP ofrec�a en 1997 -sin ning�n resultado- mantener las ventajas fiscales y aduaneras de la colonia durante otros 50 a�os de co-soberan�a con Gran Breta�a, es decir, continuar con la relaci�n colonial y parasitaria, con el compromiso de Londres de cesar en esa lejana fecha en sus funciones en el Pe��n. Habr�a que esperar a�os para que se produjeran cambios significativos.
Durante todo este tiempo, Andaluc�a sigue estando pol�ticamente ausente de la cuesti�n por expresa voluntad de los partidos espa�oles. Es oportuno recordar que en el Anteproyecto de estatuto de autonom�a para Andaluc�a de 1980, todav�a su Disposici�n adicional tercera establec�a autom�ticamente la inclusi�n en Andaluc�a del territorio de Gibraltar -citado con todas sus letras- una vez descolonizado, "sin perjuicio del estatuto personal de sus habitantes". A partir de ah� y a trav�s de sucesivas modificaciones, esta declaraci�n acaba transform�ndose en una propuesta bien distinta que, presentada por Soledad Becerril (UCD, ahora PP) contar�a finalmente con el apoyo de todos los partidos presentes. El texto definitivo dice que "la ampliaci�n de la Comunidad Aut�noma a territorios hist�ricos no integrados en otra Comunidad aut�noma se resolver� por las Cortes Generales, previo acuerdo de las partes interesadas, sin que ello suponga reforma del presente estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a la soberan�a espa�ola", con lo que no s�lo se remite la decisi�n sobre la reunificaci�n del territorio andaluz a las Cortes espa�olas o se abre la posibilidad del mantenimiento de su escisi�n en relaci�n al resto de Andaluc�a, a�n en el caso de volver a soberan�a espa�ola, sino que, sobre todo, se pretende remarcar que la cuesti�n de Gibraltar es algo en que no tiene nada que hacer, decir o actuar el propio pa�s sobre cuyo territorio se instal� la colonia o el propio pueblo al que pertenecen las personas directamente afectadas, a un lado y otro de la verja.
Evoluci�n en la Colonia
En 1988 la alcald�a de Gibraltar pas� de las manos de sir Joshua Hassan -representante de la burgues�a tradicional de la Roca- a las de Joe Bossano, un populista al estilo de los radicales pied-noir de la Argelia francesa, que impulsar�a con �xito la reorientaci�n de la econom�a colonial a su presente situaci�n de para�so fiscal, aprovechando las peculiaridades de su estatuto en relaci�n tanto con la UE como con Gran Breta�a. Este pretendido socialista, entendi� pronto que la continuidad de la situaci�n privilegiada de la poblaci�n del Pe��n estaba ligada al mantenimiento de los lazos coloniales con Gran Breta�a pero que, estos a su vez, deb�an engrasarse con una econom�a saneada y que no fuera directamente tan dependiente como hasta entonces del presupuesto p�blico de la Metr�poli y estuviera, por contra, m�s ligada a los intereses del capital financiero brit�nico. Para ello, opt� por potenciar a Gibraltar como refugio de capitales, aprovechando su legislaci�n opaca, obteniendo as� los recursos directos e indirectos esenciales sobre los que sostener la econom�a del Pe��n. A Gibraltar afluy� el dinero negro, los fondos del narcotr�fico internacional y los capitales evadidos del fisco, especialmente de la propia Andaluc�a. Se constituyeron, seg�n afirma el dirigente del Partido Liberal gibraltare�o Joseph Garc�a, 80.000 sociedades de las que 50.000 mantienen actividad y los fondos depositados en los bancos del Pe��n subieron a 5.000 millones de libras (8.100 millones de euros/1,34 billones de pesetas) provocando siete millones de visitas al Pe��n a lo largo de estos a�os. Los bufetes, agencias, bancos y entidades financieras radicadas en Gibraltar, a su vez, procedieron a reinvertir sus ganancias en territorios aleda�os de Andaluc�a, tomando posiciones en la hosteler�a, el comercio, las propiedades rusticas, los transportes etc. Este nuevo man� sobrevenido -renta per capita quintuplicada en veinte a�os, desde la apertura de la verja; m�s del doble que la de sus vecinos andaluces de los otro lado- le dio a la colonia una renovada capacidad de presi�n en la Metr�poli brit�nica y consolid� l�gicamemente la querencia mayoritaria de la poblaci�n colonial por el mantenimiento de su estatus privilegiado. Los provechos para el capital metropolitano fueron tambi�n obvios. Por todo esto, no le fue costoso al propio Gobierno Bossano tomar la decisi�n pol�tica de erradicar el contrabando de droga a principios de los noventa, cuyos beneficios -a�n siendo importantes- resultaban rid�culos al lado de los derivados de su car�cter de plaza financiera y no compensaban ni las tensiones sociales internas dentro de la Colonia ni los costes de imagen exterior que implicaban.
Gibraltar, con unos 500 militares, un puerto y un aeropuerto, sigue siendo un punto clave del despliegue militar brit�nico, resto de su antiguo imperio, como demostr� durante la guerra de las Malvinas, en 1982. Adem�s, la base del Pe��n (que ocupa el 40% de su territorio), en un extremo, y las de Chipre, en el otro, otorgan a Gran Breta�a car�cter de potencia mediterr�nea. Gibraltar cuenta con una galer�a de t�neles subterr�neos que ampl�a considerablemente su superficie �til. All� tiene su sede el Royal Naval Comunications Centre que mediante una red de sensores sumergidos, capaces de discernir la m�s liviana alteraci�n en medio de las fuertes corrientes del Estrecho, controla el tr�nsito de submarinos. Su papel fue esencial durante la Guerra Fr�a, ya que Gibraltar era paso obligado para los buques sovi�ticos de las flotas del B�ltico o el Mar Negro que pretend�an entrar o salir del Mediterr�neo. Adem�s ayuda a los submarinos propios a transitar sin riesgo, y sin emerger a la superficie, por una zona de orograf�a especialmente dif�cil. Los brit�nicos comparten estas capacidades con los Estados Unidos, que son su verdadero beneficiario.
La demostrada lealtad del Gobierno colonial a estos intereses militares del imperialismo brit�nico, conforman otra pata b�sica para el mantenimiento de los lazos coloniales. El car�cter de esta relaci�n pudo demostrarse recientemente en el escandaloso asunto del submarino nuclear brit�nico Tireless, que pudo permanecer atracado averiado un a�o en el muelle de la Colonia sin mayores inconvenientes, en un ejercicio renovado de fidelidad y servilismo a Gran Breta�a, permitiendo su reparaci�n a una conveniente distancia de las costas brit�nicas. El resto del pueblo andaluz tuvo que limitarse a protestar desde el otro lado de la verja ante el riesgo evidente de una operaci�n que puso en peligro la vida, los recursos y la salud de millones de andaluces, manifestando de nuevo la intima e indisociable vinculaci�n entre Gibraltar y su entorno. El Gobierno espa�ol actu�, por en�sima vez, como c�mplice del Gobierno brit�nico, aval�ndole y respald�ndole. Hace pocos meses, una unidad de infanter�a de marina brit�nica en practicas de combate se equivoc� de ruta y dada la estrechez del territorio de la colonia, confundi� su playa con la cercana de La L�nea, donde procedi� a desembarcar con toda la parafernalia b�lica propia de estos ejercicios. Al punto hubieron de retirarse apurados una vez que los gestos y los gritos de los pescadores y vecinos les hicieron notar que estaban invadiendo territorio andaluz a destiempo. Uno y otro episodio -tan serio uno como chusco el otro- demuestran tanto que el car�cter de cabeza de puente de la Roca sigue vigente -seg�n la vieja tradici�n brit�nica- como que el Gobierno de la Colonia entiende perfectamente que su apoyo a su mantenimiento es una de sus condiciones de pervivencia.
La coyuntura y las negociaciones hispano-brit�nicas
A partir de mediados de 2001 se va a generar un nuevo escenario sobre la cuesti�n gibraltare�a que a la altura de Noviembre toma carta de naturaleza con el anuncio de que los Gobiernos espa�ol y brit�nico esperan poder llegar antes del final de 2002 (luego acortado a finales del verano de ese a�o) a un acuerdo sobre la Colonia, incluyendo la cuesti�n de la soberan�a.
El espectacular anuncio sorprende a las fuerzas vivas gibraltare�as en medio de un debate de reforma de sus instituciones que centra por entonces su atenci�n y que concluir�n en febrero de 2002, por el que pretenden blindar su situaci�n y dar pasos hacia conseguir su objetivo de asimilar su r�gimen al de la Isla de Man; aunque como para que entre en vigor depende del voto favorable del Parlamento brit�nico, mantendr�n la reforma en el congelador.
Como suele suceder en estos casos, este giro responde a una convergencia de procesos y causas.
De una parte, Gran Breta�a acababa de verse forzada en la OCDE a hacerse responsable y actuar para controlar y restringir las funciones de para�so fiscal del Pe��n, al objeto de sacarlo de la "lista negra" internacional de territorios fraudulentos. Aunque el Gobierno de la Colonia, meses despu�s, pretender� que tiene disposici�n a hacer las modificaciones justas para contribuir a este objetivo, desde el punto de vista de Londres parece ya claro que el modelo econ�mico gibraltare�o vigente ha de reformularse necesariamente para poder subsistir, dejando de funcionar como una plaza fiscal extracomunitaria y asimil�ndose paulatinamente al r�gimen de los m�s permisivos estados de la Uni�n Europea como Luxemburgo. La conciencia de este hecho tiene evidentes consecuencias, no s�lo para el mantenimiento de la viabilidad social del Pe��n sino tambi�n para preservar los intereses metropolitanos que, como es sabido, tienen en Gibraltar una excelente plataforma para su intervenci�n en Andaluc�a y otras zonas aleda�as. Los brit�nicos son conscientes que esta trasmutaci�n requiere de la connivencia del Estado espa�ol, tanto en lo inmediato como en Bruselas.
A otro nivel, Gran Breta�a considera que el constante recordatorio del caso gibraltare�o en la elaboraci�n de directivas y acuerdos comunitarios, es un elemento molesto que contribuye a dificultar la gesti�n de sus intereses esenciales y que puede ser usado en su contra no s�lo por el Estado espa�ol sino por otros socios-rivales en el seno de la UE. El Gobierno laborista de Blair, de otro lado, no s�lo ha tomado nota de su alto nivel de coincidencia pol�tica con el Gobierno espa�ol (modelo europeo, servilismo hacia Washington, etc) sino que aspira a ganar un aliado estable en la UE que pueda ayudarle a contrapesar el creciente poder�o de Alemania y mantener el marcaje sobre Francia. Resolver el contencioso de Gibraltar aparece como condici�n necesaria para poder avanzar en este objetivo.
Adem�s, el caso de Gibraltar se inserta dentro del Gran Juego en curso en el �rea del Magreb. Tanto el imperialismo franc�s como el yanqui o el espa�ol siguen atentamente la evoluci�n de los acontecimientos en Marruecos, Argelia, T�nez... Comparten la preocupaci�n por sostener a los reg�menes neo-coloniales de la zona: la Monarqu�a marroqu�, el R�gimen militar argelino y la dictadura de Ben Ali, a la vez que disputan por preservar o incrementar sus respectivas influencias. En ese contexto, entre otros datos y elementos, cabe recordar la propuesta de cooptaci�n de las elites del Polisario que subyac�a en el primer Plan Baker sobre el Sahara (sostenido por Francia y EEUU) que propone la autonom�a saharaui bajo el Majzen marroqu� -en principio, no rechazado frontalmente por Argel- la subsiguiente propuesta de divisi�n del territorio entre Marruecos y la RASD (aceptada por Argel y el Polisario y rechazada por Rabat) y la ultima apuesta n�tida de EEUU y Francia en la ONU por su mantenimiento en Marruecos (que conlleva el fracaso del Polisario en sus prolongados intentos de aparecer ante EEUU como una opci�n alternativa, aceptable para sus intereses). Parece clara la preocupaci�n existente por la estabilidad de la Monarqu�a marroqu� y la convicci�n existente en la conveniencia de darle �xitos en el terreno exterior que puedan contribuir a su consolidaci�n en el interior. La resoluci�n del caso de Gibraltar, en ese marco, conducir�a a la devoluci�n pactada en un plazo u otro de Ceuta y Melilla a Marruecos, desactivando tentaciones de imprevisibles consecuencias y una permanente amenaza de conflicto en la zona. As� lo reconoc�a el diario EL PAIS -rompiendo el uniforme discurso espa�ol al respecto- en su editorial del 3 de Noviembre de 2001: "La perspectiva de una soluci�n, aunque sea a largo plazo, del secular contencioso del Pe��n abrir� la cuesti�n de la soberan�a de Ceuta y Melilla. Son problemas hist�rica y jur�dicamente muy distintos, pero la psicolog�a de los mapas lleva a pensar que por la puerta abierta del otro lado del Estrecho, Marruecos intentar� hacer entrar tambi�n su reivindicaci�n sobre las dos ciudades norteafricanas. Sin duda, el Gobierno de Aznar, como sus predecesores, es consciente de ello, y tambi�n de que no cabe descartar salidas imaginativas, siempre y cuando Marruecos avance por la v�a de su democratizaci�n." A esto cabe a�adir el proyecto de asociaci�n de Marruecos (y del resto del Magreb) a la UE para consolidar su relaci�n neocolonial (siguiendo el modelo del ALCA en Am�rica Latina), proceso cuyos costes fundamentales en Europa caer�an nuevamente sobre las espaldas de Andaluc�a y que beneficiaria especialmente a Francia. En este Gran Juego, en el que los brit�nicos van de la mano de EEUU, el Gobierno espa�ol act�a reforzando sus posiciones en Argelia, estableciendo mayores lazos con T�nez y una vez que EEUU -aun sin poner todo su peso sobre la mesa- y Francia se alinean claramente con su aliado de Rabat en el caso del Sahara, redescubriendo en la ONU un novedoso y sorprendente prurito �tico en forma de compromiso con el derecho a la autodeterminaci�n del Sahara. El prop�sito espa�ol, cabe suponer, es que el conflicto saharaui siga abierto y el r�gimen de Marruecos no cierre sus debilidades en el Sur al menos hasta el momento en que el Estado espa�ol, una vez encarrilado el asunto de Gibraltar, este en disposici�n de afrontar el asunto de los Presidios de Ceuta y Melilla en mejores condiciones y con menores costes internos. Por supuesto, el Gobierno espa�ol sigue y seguir� p�blicamente defendiendo para consumo interno la insostenible y rid�cula posici�n que pretende diferenciar la condici�n de los tres enclaves.
Las conversaciones hispano-brit�nicas parten del acuerdo de obtener una Declaraci�n conjunta entre ambos Estados que de paso a un nuevo Tratado sustituya al Tratado de Utrecht, estableciendo la co-soberan�a del Estado espa�ol y de Gran Breta�a sobre el Pe��n en su conjunto, incluida la base militar -que ser�a concedida a Gran Breta�a seg�n el modelo de Rota y Mor�n- y el Istmo ocupado ilegalmente. En un principio lo que se transmite a la opini�n p�blica es que esta situaci�n de soberan�a compartida se acordar�a por un plazo de 50 o 100 a�os, para luego abrirse la posibilidad de una retrocesi�n plena al Estado espa�ol que -como heredero de la Corona espa�ola- conservar�a su derecho de tanteo establecido en Utrecht. Una vez pactados todos los t�rminos del nuevo acuerdo y aprobado por los respectivos parlamentos estatales, este ser�a declarado vigente, si bien su puesta en practica requerir�a el visto bueno de Gran Breta�a que, a su vez, lo condicionar�a a obtener el consentimiento de la Colonia de Gibraltar. No habr�a que esperar a ese momento sin embargo para comenzar a ir ejecutando otros aspectos como el apoyo espa�ol al mantenimiento de Gibraltar como puerto franco, exento del IVA; la inversi�n de ayudas de la UE en la comarca para potenciar la centralidad de Gibraltar y su complementariedad con otros recursos estrat�gicos como el puerto de Algeciras, la eliminaci�n de los controles espa�oles en la Verja (una vez adherido Gibraltar al espacio Schengen), la extensi�n a los gibraltare�os de los beneficios de atenci�n sanitaria, etc, el pago de las deudas gibraltare�as de las pensiones a los jubilados andaluces que anta�o trabajaron en la Colonia y la utilizaci�n conjunta del aeropuerto de Gibraltar, permitiendo su uso sin restricciones. El acuerdo incluir�a la perspectiva de la concesi�n de una doble ciudadan�a a la poblaci�n del Pe��n.
De hecho, lo que en un principio se vende, ya incluye una aceptaci�n del veto gibraltare�o (que es una forma de reconocerle cierto derecho a la autodeterminaci�n) y supone la conformidad espa�ola del mantenimiento de la presencia brit�nica en lo pol�tico, econ�mico y militar sobre una parte del territorio andaluz, sostenida no ya en una victoria militar refrendada en un tratado del siglo XVIII sino en un pretendidamente m�s presentable acuerdo del siglo XXI, a cambio de poder colocar su bandera en el Pe��n junto a la brit�nica.
Los dos gobiernos intentan conseguir la participaci�n del Gobierno de la Colonia -como en anteriores rondas- sin �xito. Las razones que expone el Gobierno colonial son claras: no solamente exigen tener derecho de veto sobre el resultado final sino sobre todas y cada una de las etapas, acuerdos y compromisos, que es la forma en que entienden que pueden bloquear mejor cualquier posible cambio. Hay que comprender que desde la perspectiva gibraltare�a -aparte la ret�rica sobre sus presuntos derechos como pueblo- existe una postura firmemente asentada que entiende que, incluso en el caso de tener que alterar en algo su actual posici�n como para�so fiscal, manteniendo viva la relaci�n colonial con Gran Breta�a pueden reactualizar con mayores garant�as su papel de centro financiero sin que, merced a la condici�n de aliado del Estado espa�ol en la OTAN y socio en la UE, ello implique obst�culos sensibles, pudiendo preservar todas las ventajas de su actual estatus, incluidas sus residencias a este lado de la Verja. A este prop�sito se encamina el discurso y la incesante actividad de su alcalde-ministro Peter Caruana y del lobby gibraltare�o. Caruana se niega a participar en las conversaciones sin derecho a veto; habla en Catalu�a y en Estrasburgo de la autodeterminaci�n gibraltare�a; en Londres reclama primero nuevamente el r�gimen de la Isla de Man; a continuaci�n recuerda en dos ocasiones el paralelismo entre Gibraltar y Ceuta y Melilla (sin abusar del argumento, para evitar sus riesgos de boomerang pol�tico en contra de sus intereses) e incluso apunta que no ver�a mal que Gibraltar obtuviera un status similar al de Andorra (un estado soberano con dos coprincipes) o lo que es pol�ticamente similar, convertir a Gibraltar en una nueva versi�n de M�naco en la costa andaluza. Mientras el lobby gibraltare�o invita a una ristra de parlamentarios brit�nicos con sus familias al Pe��n e invierte millones de euros, financiando viajes, publicando anuncios con la bandera brit�nica en la prensa londinense e implicando en su causa al Partido Conservador brit�nico, en la Colonia se genera un ambiente de repulsa a "la traici�n de los ingleses". Tras varios actos organizados por la oposici�n de Bossano (que suele acudir a la televisi�n con una corbata con los colores de la bandera brit�nica) destinados a preparar el ambiente, se convoca mancomunadamente por patronal, partidos y sindicatos una Huelga General y una manifestaci�n en el Pe��n en protesta por el proceso en curso entre Londres y Madrid. Ese d�a la frontera se colapsa durante horas por las colas de gibraltare�os residentes a este lado de la raya que acuden en masa a manifestar en castellano e ingles su condici�n brit�nica. Cuando posteriormente Straw, ministro brit�nico de exteriores, acuda a la Colonia en Abril -donde dice con todo descaro que el fundamento de la presencia brit�nica all� nace "del Tratado de Utrecht y la Constituci�n gibraltare�a"(sic) aprobada, record�moslo, por el Parlamento brit�nico- estar� a punto de ser agredido por una masa de encrespados gibraltare�os que, enarbolando banderas brit�nicas y la m�s reciente del Pe��n, endilgaran al ministro una abigarrada, colorista y bicultural colecci�n de insultos en ingles y castellano.
Tras el viaje comienzan a aparecer en la prensa anuncios de dificultades. Un d�a se dice que Gran Breta�a no se conforma ya con que el Estado espa�ol acepte el car�cter indefinido de la soberan�a compartida (cuando se empez� hablando de 50 a�os) sino que lo pretende permanente. Otro aparecen fuentes del ministro de Defensa brit�nico recordando la importancia de la base y sugiriendo que se la excluya de cualquier acuerdo -incluso en las condiciones de las bases yanquis- conservando sobre ella plena soberan�a a la manera que Gran Breta�a ejerce en sus bases en el Chipre griego. Finalmente, el ministro Straw, a finales de mayo, se descuelga con unas declaraciones a la BBC en las que, desdici�ndose incluso de lo ya afirmado por el mismo en el propio Parlamento brit�nico en febrero, convierte la opini�n gibraltare�a en definitiva. Si en Febrero, la posici�n del Gobierno brit�nico era que la Declaraci�n conjunta angloespa�ola seguir�a vigente a�n inaplicada, incluso en el caso de recibir el previsible rechazo de las instituciones y la poblaci�n de la Colonia ahora dice que la oposici�n de Gibraltar la har�a decaer en su totalidad, invalid�ndola y retrotrayendo la situaci�n a la existente en julio de 2001. La satisfacci�n en Gibraltar ante este cambio resulta comprensible y explica porque Caruana se opone con vigor a las propuestas de los m�s ultras de convocar ya un refer�ndum unilateral a la manera rodesiana, prefiriendo esperar y eludir, al menos de momento, un enfrentamiento directo con Londres.
A fecha de hoy, resulta dif�cil aclarar si todos estos �ltimos hechos responden a intentos brit�nicos por consolidar y ampliar sus ventajas ya obtenidas tanto directamente en Gibraltar como en el conjunto de la relaci�n hispanobrit�nica, jugando con los costes de imagen que implicar�a al Gobierno espa�ol del PP un fracaso del proceso o si responde realmente a una victoria del grupo de presi�n gibraltare�o en Gran Breta�a. Hay que tener en cuenta que el mero cambio brit�nico desde el inmovilismo anterior ya ha sido presentado por el Gobierno espa�ol ante la opini�n p�blica andaluza y espa�ola como un progreso; que no ha habido inter�s alguno por informar de que la mayor�a de las propuestas brit�nicas no son novedosas ni en relaci�n al caso concreto de Gibraltar ni en lo tocante a otros casos de enclaves coloniales brit�nicos y que tampoco ni la oposici�n espa�ola ni los grandes medios de comunicaci�n han tenido el menor inter�s por constatar que todo el marco de negociaci�n en curso implica una consolidaci�n de facto y de iure de la presencia brit�nica y el hecho colonial. Un efecto secundario de la frustraci�n del proceso ser�a destrozar uno de los argumentos impl�citos en la l�nea de explicaci�n oficial: "que Londres actuaba de esta nueva forma porque el peso internacional del Estado espa�ol no es hoy el de antes sino el de una potencia emergente", tesis con la que el Gobierno del PP continua precedentes discursos de Gobiernos del PSOE.
La naturaleza del Conflicto y la posici�n andaluza.
En 1936, en pleno periodo colonial franc�s, Argel ten�a 175.000 habitantes europeos y 76.000 argelinos. Or�n, 148.000 europeos y 46.000 argelinos. Bone-Annaba, 45.000 europeos y 38.000 argelinos y s�lo los colonos europeos disfrutaban en la practica de ciertos derechos pol�ticos. Seg�n el actual criterio gibraltare�o y brit�nico, estas ciudades podr�an haber tenido derecho a la autodeterminaci�n para que su poblaci�n colonial decidiera mantenerse bajo soberan�a de Francia tras la independencia de Argelia. �Absurdo, verdad?. Pues el colonialismo franc�s contempl� hip�tesis similares y por evitar esta circunstancia y la separaci�n del Sahara, la guerra argelina se prolongo a�os. Es el mismo criterio que se guarda el Estado espa�ol en la recamara para legitimar hoy la presencia colonial espa�ola en Ceuta y Melilla; d�ndose la paradoja de que un Estado opresor como el espa�ol que niega el derecho a la autodeterminaci�n a las naciones integradas en sus fronteras se beneficiaria de su aplicaci�n justo donde no es procedente. Pensemos que si en la base de Guant�namo, los EEUU hubieran instalado poblaci�n yanqui -o simplemente caribe�a angl�fona o franc�fona- desde su apropiaci�n en 1900 y/o por ejemplo le hubieran sumado unos cuantos cubanos anticastristas despu�s de 1959, estar�a construido en Cuba un escenario similar al que existe en Andaluc�a en relaci�n a Gibraltar: los EEUU podr�an decirle a Cuba que, aun cuando su presencia deriva formalmente de la Enmienda Platt, ahora su ocupaci�n ha de mantenerse para proteger los deseos de estos hipot�ticos neoguantanameros. En 1948, India requiri� a Portugal la devoluci�n de los enclaves de Goa, Diu y Damao. Tras una sucesi�n de incidentes y reclamaciones, a la altura de 1960 un sector de las elites de Goa (indios de confesi�n cat�lica y casta brahm�nica) auspiciaron un movimiento de autonom�a que cambiara el estatus de los enclaves, permaneciendo bajo soberan�a colonial portuguesa. La Dictadura fascista de Salazar rechaz� el cambio por no caer en contradicci�n con lo que era su pol�tica colonial en �frica (Angola, etc). La contundente respuesta de India fue ocupar los enclaves con sus tropas en 1961. El Consejo de Seguridad de la ONU aprob� una resoluci�n condenando a India que no entro en vigor por el veto de la URSS. India nunca hab�a llegado siquiera a plantear la cuesti�n en la ONU.
Las colonias de tipo enclave -como es el caso de Gibraltar- tienen caracter�sticas propias. Surgieron hist�ricamente como bases militares o factor�as comerciales (o una combinaci�n de ambas) desde las que controlar de forma indirecta el territorio anejo (a�n cuando, en alg�n caso, posteriormente tambi�n sirvieran de retaguardia log�stica para su ocupaci�n directa como ocurri� en Marruecos). Las potencias coloniales fueron las que decidieron quienes y cuantos se manten�an dentro del per�metro de esos enclaves, seg�n sus intereses y las circunstancias de cada caso y a partir del hecho colonial configuraron poblaciones, bien a trav�s de la inmigraci�n, bien a trav�s de la cooptaci�n de elementos aut�ctonos favorecidos de forma desigual por la situaci�n colonial o por una combinaci�n de ambas opciones. Cuando a la potencia colonial le convino, no hubo escr�pulos en expulsar a los pobladores aut�ctonos o deportar el numero conveniente para mantener los equilibrios deseados o dificultar o impedir la residencia de personas del entorno que a medio plazo pudieran suponer un peligro para la seguridad e intereses coloniales. Siendo como son colonias, durante la mayor parte de su existencia han actuado b�sicamente como guarniciones, almacenes o presidios -seg�n los casos- y han estado a disposici�n de la potencia colonial para ser cedidos o intercambiados o devueltos, sin consideraci�n alguna a quienes viv�an all� acogidos a esa situaci�n y a consecuencia de ella. Toda su vida ha girado en torno a dos hechos: A. Su dependencia de la potencia colonial, porque sin ella hubieran sido recuperados por los pa�ses y pueblos despojados. B. Su relaci�n colonial con su entorno, que es tan intima como desigual y que adem�s, en casos como los de Gibraltar o Hong-Kong, inclu�a adem�s una apropiaci�n ilegitima de terrenos posteriores a su primera anexi�n, fundamentales para el funcionamiento de esas colonias (cabe imaginar que pasar�a en Gibraltar si la Verja volviera a los limites del Tratado de Utrecht). Todas estas entidades son inviables si no se produce el asentimiento, la explotaci�n parasitaria o el sometimiento de su entorno, a cuyo futuro est�n ligados (el ultimo ejemplo, las 100.000 l�neas telef�nicas adicionales solicitadas por Gibraltar para menos de 30.000 personas con estatus legal gibraltare�o).
En el caso concreto de Gibraltar son obvias la responsabilidad, la torpeza o incluso los cr�menes del Estado espa�ol. Gibraltar no es un islote perdido en medio del oc�ano. No se puede entender la formaci�n o funciones de la colonia de Gibraltar y la pervivencia de la presencia colonial brit�nica sin relacionarla con Andaluc�a, de igual modo que es inexplicable sin a la vez tomar nota de las circunstancias hist�ricas de la dominaci�n espa�ola sobre Andaluc�a (como ocurre, a su vez, con la persistencia de la presencia colonial espa�ola en Ceuta/Melilla, que no se puede explicar separadamente, primero, de la intervenci�n colonial espa�ola en Marruecos y el Norte de �frica y luego de la naturaleza reaccionaria y neocolonial del R�gimen mon�rquico marroqu�). La Monarqu�a espa�ola entreg� Gibraltar, pasando del deseo de sus habitantes andaluces de la �poca; luego no fue capaz de recuperarlo; a continuaci�n le permiti� sobrevivir como foco de contrabando y luego como sumidero fiscal a costa del despojo y empobrecimiento de Andaluc�a y siempre ha supeditado su reintegraci�n a otros intereses estrat�gicos del Estado espa�ol.
Afortunadamente, los gibraltare�os actuales son culturalmente andaluces, como resulta evidente para cualquiera que visite el Pe��n; por mucho que en sus linajes familiares haya, en determinados casos, procedencias italianas, hebreas, maltesas... Gibraltar no es ni remotamente una naci�n; sin la protecci�n brit�nica y el sistema econ�mico impuesto, Gibraltar y su poblaci�n se fundir�a sin problema con su entorno nacional. No es s�lo que Gibraltar forma objetiva e hist�ricamente parte del territorio andaluz sino que su poblaci�n, pertenece al �mbito hist�rico y cultural andaluz (con sus peculiaridades). De hecho su poblaci�n lo que habla usualmente en la calle es castellano en la modalidad ling��stica andaluza (aunque tambi�n tenga conocimiento y use el ingles en otros �mbitos y para otras funciones publicas).
Otra cuesti�n distinta es que, mayoritariamente, los gibraltare�os defiendan hoy pol�ticamente el mantenimiento de la situaci�n de privilegio econ�mico, unida a la dependencia colonial, al calor de las cual se ha conformado la forma de vida gibraltare�a. Ayer, a costa del contrabando masivo; luego del servicio a los brit�nicos durante el cierre de la Verja; luego del narcotr�fico; ahora a trav�s del para�so fiscal para lavado de dinero negro y la evasi�n tributaria desde Andaluc�a... Gibraltar en relaci�n al Campo (donde, adem�s, residen y tienen propiedades buena parte de las personas con estatus gibraltare�o) ha actuado y act�a como una City en relaci�n a sus suburbios (el Campo); en el conflicto hay pues tambi�n un componente clasista impl�cito, a�n envuelto en diversos envoltorios. Es evidente que en el rechazo gibraltare�o hay junto a resabios justos por lo que ven al otro lado de la Verja, otro tipo de comportamientos que responden a la actitud e intereses de una burgues�a intermediaria que se ha configurado al calor de la situaci�n colonial y que impregna ideol�gicamente en Gibraltar incluso a muchos de quienes no tienen directamente arte ni parte en sus negocios. Como es obvio, la prosperidad gibraltare�a en comparaci�n con la pobreza andaluza no es algo gen�tico (no s�lo ser�a un argumento racista afirmarlo, sino que adem�s no casar�a bien con el hecho de la abundante cantidad de antecedentes, antepasados y familiares andaluces de la actual poblaci�n gibraltare�a) sino consecuencia de c�mo se han formulado las relaciones econ�micas y sociales en la Comarca al amparo de la ocupaci�n brit�nica en concreto, de un lado, y la dominaci�n espa�ola en general sobre Andaluc�a, de otro.
La capacidad hist�rica de fusi�n y de asimilaci�n cultural ha sido tan fruct�fera, que lo que hoy hay all� no es un problema ni nacional ni �tnico sino simplemente pol�tico, ideol�gico, social y econ�mico, que cristaliza y se concreta del lado gibraltare�o en la defensa de un estatus. Una cuesti�n, complicada a�n m�s si cabe porque la naci�n a la que naturalmente pertenece el enclave -Andaluc�a- no dispone de Estado nacional propio y es representada en el contencioso por un Estado -el espa�ol- que no s�lo tiene intereses propios diferenciados a los de Andaluc�a sino que, adem�s, es aliado del poder colonial. Complejidad que se evidencia, adem�s, al comprobar, como las pretendidas reivindicaciones especificas gibraltare�as se realizan bajo el amparo de la bandera brit�nica (a la manera de los unionistas norirlandeses), reclamando la protecci�n de Londres y aspirando a reproducir, tom�ndolos como modelos, a territorios brit�nicos como la Isla de Man, es decir, a perpetuar situaciones reaccionarias, construidas a partir de simultanear la condici�n de para�so fiscal y base militar, destinados inevitablemente a afectar parasitariamente al resto de Andaluc�a. De hecho, conviene subrayarlo, el discurso pol�tico de los portavoces pol�ticos de la poblaci�n colonial (Caruana, Bossano...) es m�ltiple y oportunista. En unos momentos y circunstancias -por ejemplo, al dirigirse a sectores de naciones oprimidas del Estado espa�ol o en �mbitos europeos- intenta usar de forma torticera la autodeterminaci�n, afirm�ndose y present�ndose como "pueblo" aunque cuando concretan que demanda encierran con ello, aclaran que lo que pretenden no es "una inviable independencia" (Caruana dixit) sino reproducir el modelo citado de la Isla de Man. Simult�nea y paralelamente, sin el menor reparo, no tienen problema en definirse en Londres como "ingleses", cuando as� les conviene para articular apoyos medi�ticos, pol�ticos o comerciales en Gran Breta�a de nost�lgicos del Imperio. Aparte de consideraciones generales sobre su inaplicabilidad a las poblaciones de enclaves coloniales, la pretendida autodeterminaci�n en las circunstancias concretas de Gibraltar, reduciendo su sujeto decisorio a quienes tienen hoy estatus gibraltare�o, lo que significa, en s�ntesis, es preguntarles: �quer�is seguir viviendo parasitando una naci�n como para�so fiscal?. �Quer�is seguir siendo una base militar imperialista?. Ese ser�a el sentido y la consecuencia de aplicar la autodeterminaci�n a un colectivo que no tiene la entidad de los sujetos con derecho a autodeterminarse. Con todo, siempre conviene recordar que, en ultima instancia y pese a la ret�rica, la continuidad del hecho colonial es una decisi�n tomada en Londres y no en Gibraltar.
En este punto conviene anotar, que el hecho de que el nacionalismo espa�ol haya usado la reivindicaci�n de Gibraltar -despreciando de paso siempre las circunstancias, derechos e intereses de la poblaci�n andaluza campogibraltare�a- no ha de llevar fr�volamente por reacci�n, a alinearse tras las posiciones colonialistas brit�nicas o los intereses espureos de la actual poblaci�n del Pe��n como, por ejemplo, reiteradamente han hecho ERC o con especial cinismo, Pujol; el PNV e incluso algunos elementos del nacionalismo canario. Ser�a un error de similar entidad que negar el derecho a la reintegraci�n territorial de Ceuta y Melilla a Marruecos por oposici�n a la naturaleza reaccionaria de la Monarqu�a marroqu�. Hacerlo as�, en el caso de Gibraltar, supone no s�lo olvidarse de los derechos nacionales de Andaluc�a, sino directamente colocarse contra ellos y reproducir nuevamente esa costumbre, tan cara a algunos, de golpear a Espa�a en el trasero de los andaluces.
De todo lo dicho, se desprenden los siguientes principios:
� La situaci�n colonial de Gibraltar es nacional y socialmente inadmisible para Andaluc�a, ahora y en el futuro.
� La poblaci�n con estatus gibraltare�o residente en el Pe��n no es un sujeto colectivo que pueda reivindicar leg�timamente poseer el derecho a la autodeterminaci�n.
� La �nica soluci�n aceptable para el contencioso es la devoluci�n de la colonia y su reintegraci�n territorial al marco institucional andaluz existente.
Ciertamente, Andaluc�a se encuentra hoy ante este conflicto sin voz soberana propia. Es una consecuencia m�s de no ser una naci�n independiente y hallarse bajo el dominio del Estado espa�ol. Incluso Chaves se ha negado expresamente a que la Junta de Andaluc�a o la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar reclamen su derecho a estar presentes en cualquier proceso negociador, en un ejemplo m�s de servilismo a Madrid y traici�n a los intereses andaluces. Desde una posici�n nacional, es evidente que el conflicto pol�tico principal de Andaluc�a hoy es con el Estado espa�ol y no con Gran Breta�a y que Andaluc�a no se haya exactamente en la misma situaci�n de otras naciones -como Euskadi- divididas entre dos estados, pero tambi�n hay que asumir que no se puede aspirar a afianzar una construcci�n nacional s�lida abdicando de enfrentarse a los desaf�os internacionales que esta implica, de ser desarrollada consecuente y victoriosamente, levantando una posici�n andaluza propia. Por tanto, partiendo de esta realidad, esta apreciaci�n de prioridades no ha de impedirnos constatar tambi�n que para Andaluc�a es mejor tener que combatir s�lo al Estado espa�ol que a �ste y a Gran Breta�a sumados, tanto ahora como en el hipot�tico momento de una independencia andaluza en relaci�n a Espa�a. De ah� que desde un punto de vista nacional sea de nuestro inter�s apoyar como situaci�n transitoria el trasvase pleno de la soberan�a en el Pe��n de Gran Breta�a al Estado espa�ol, sin que ello comporte en absoluto ninguna coincidencia, apoyo o sost�n a las diversas propuestas, iniciativas o acuerdos concretos a los que pudieran llegar el Estado espa�ol y Gran Breta�a (co-soberan�a durante un periodo; mantenimiento de las exenciones fiscales y privilegios econ�micos; preservaci�n de la base militar; separaci�n de Gibraltar del resto de Andaluc�a, etc) que pudieran perpetuar elementos de la actual situaci�n colonial. Acuerdos todos ellos, que habr�a que denunciar y que en absoluto comprometer�an a una Andaluc�a soberana, que como Estado heredero, seguir�a siendo depositaria del derecho a la devoluci�n plena e incondicional de la colonia.
Simult�neamente, es de inter�s nacional y de obligada coherencia democr�tica, tanto preservar y desarrollar todos los derechos democr�ticos, sociales, culturales o ling��sticos de la actual poblaci�n gibraltare�a -a�n sabiendo que ello no atenuar� de entrada su actual posicionamiento- como dejar claro que los andaluces gibraltare�os no merecen por esa condici�n una consideraci�n diferente a la del resto; diferenciando con nitidez esos derechos de los privilegios que consolidan la presencia colonial. La situaci�n colonial y sus efectos sociales y el contexto pol�tico nacional obligan a reconocer que la v�a de b�squeda de contactos y colaboraci�n con las individualidades y colectivos progresistas de la Colonia dar� durante mucho tiempo menguados resultados, al menos hasta que la izquierda y el movimiento nacionalista andaluz no se conviertan en factores pol�ticos efectivos en la realidad andaluza. Hay que aceptar pues, de forma realista, la perspectiva de que, si ya en el conjunto de Andaluc�a es previsible que hasta el ultimo momento queden algunos andaluces comprometidos con la situaci�n que la mantiene dominada, no hay porqu� extra�arse de que una minor�a mantenga similares posturas en la ciudad de Gibraltar y saber, por tanto, que en relaci�n con ambos habr�a que actuar en consecuencia llegado el caso. Y es que, como dice el refr�n: "no se pude hacer una tortilla sin romper alg�n huevo".
Javier Gonz�lez Pulido
Andaluc�a, 1 de Junio de 2002
Articulo publicado en el Bolet�n ANDALUCIA LIBRE n� 120, distribuido el 1 de Junio de 2002. Mas articulos, textos, bibliograf�a y enlaces sobre Gibraltar y otras colonias en otros numeros de ANDALUCIA LIBRE - Suscripci�n Libre - Especial Colonias en Archivo de Documentos.
------------------------------------
Direcciones �tiles del Bolet�n ANDALUCIA LIBRE:
* Alta:  andalucialibre-alta@eListas.net
* Baja: andalucialibre-baja@eListas.net
* Sitio:  http://www.eListas.net/lista/andalucialibre
* Archivo de Boletines: http://www.eListas.net/lista/andalucialibre/archivo
* Archivo de Documentos: http://www.elistas.net/lista/andalucialibre/ficheros/
 E-Mail: andalucialibre-alta@eListas.net  Website: http://www.eListas.net/lista/andalucialibre
|
